¿Qué es una alianza electoral? Alianza electoral es la unión temporaria de dos o más partidos políticos con el fin de concurrir unidos a la competencia electoral. Son acuerdo entre fracciones para llegar al gobierno.
Históricamente, la figura de las alianzas electorales ha sido un elemento determinante y configurador de los intereses electorales de partidos e individuos, comandado por el poder económico y últimamente acordados en una embajada. Es decir, el fenómeno no es nuevo en el país.
Para las elecciones del 2024, en un panorama que según los politólogos sigue siendo incierto, la partidocracia y seudo independientes intentan, al igual que cada cinco años, ponerla en ejercicio, dándose las más diversas combinaciones en su afán de definir alianzas que les garanticen llegar al gobierno, mismas que le son posibles, pues entre ellos no existe diferencia de proyectos en la medida que todos han aplicado medidas neoliberales, incrementado el endeudamiento y pauperizado las condiciones de vida del pueblo humilde y trabajador, así como han incrementado la corrupción y fortalecido la impunidad. Estas coincidencias han sentado las bases para que no exista cortapisas, límites para que se unan en un momento y conformen otras con quienes decían ser sus adversarios en un torneo electoral.
Las alianzas electorales se han convertido en un elemento de primer orden para la política electorera en el país. Su práctica se fundamenta en la premisa de “todo lo que suma es válido” con tal de ganar; ello explica por qué partidos supuestamente enemigos acérrimos han generado acuerdos para garantizar sus triunfos electorales o servir de plataforma a disidentes de otros partidos. También, tal como se unieron en medio gobierno, se divorcian, las más recientes caso panameñistas-democracia cristiana-molirena o panameñistas-cambio democrático.
La pregunta es ¿Cómo negocian y qué intercambian los partidos políticos? A partir del examen de los pactos, alianzas y experiencias transfuguistas en Panamá, se presenta un modelo de cooperación estratégica en el que se clasifican las modalidades de interacción según los protagonistas (élites, partidos o candidatos), determinada por el repertorio de incentivos y costos asociados. La experiencia en el país demuestra que la capacidad de negociación no se pone al servicio de la “gobernabilidad democrática”, ni está en función de propuestas programáticas, sino que refuerza el proceso de institucionalización perversa. De acuerdo con los expertos, estos acuerdos entre fuerzas políticas supuestamente opuestas incrementan las expectativas de éxitos (alianzas matemáticas). Otra finalidad que puede buscarse con la incorporación a una alianza de un partido, generalmente con escaso caudal electoral, es la de salvar al partido de la cancelación o caducidad de su personería, beneficiándose del caudal total de votos que obtiene la alianza a los fines de determinar el caudal mínimo de votos exigido para mantenerse como partido formalmente constituido.
En estas elecciones, los criterios de alianzas pasan por si un candidato participa o no (RM); por quién se baja de la cabeza (a pesar de haber obtenido más votos en sus primarias), por sumatorias de financiamiento, por acuerdos en temas judiciales presentes o futuros (blindaje), partidos que buscan sobrevivir, sin dudas por intereses económicos y políticos (preservar cuotas, control de ministerios e instituciones públicas, embajadas, consulados, aprobación de negocios, etc.). Ante ello, vemos partidos políticos que cambian de alianzas en cada torneo electoral.
A esta fórmula hay que agregar las llamadas reservas, mecanismo que se utiliza para realizar alianzas, no solo a presidente sino también a otros cargos de elección.
Como se ve en el panorama, una cosa es el discurso mediático, otra el proceso de negociación. Como dice el dicho: Dios los cría y ellos se juntan.
En teoría la fecha tope para formalizar las alianzas ante el Tribunal Electoral es el 30 de septiembre, en la práctica ello suele correr hasta más allá.