La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia dio un paso clave en la defensa de los derechos laborales al admitir la demanda de nulidad presentada por el equipo jurídico de SUNTRACS y CONUSI contra el Decreto Ejecutivo No. 11, normativa que restringe el derecho a huelga en el sector público.
Mediante Auto fechado el 13 de abril de 2026, la Sala no solo decidió estudiar el fondo del caso, sino que además ordenó al Órgano Ejecutivo rendir un informe de conducta, lo que lo obliga a explicar y justificar las razones que motivaron la emisión del decreto cuestionado.
La admisión de esta demanda representa un momento significativo dentro del proceso judicial, ya que abre formalmente la vía para que el máximo tribunal analice si el Decreto 11 vulnera la Constitución y los convenios internacionales en materia de derechos laborales. Aunque aún no se trata de una sentencia definitiva, este paso permite avanzar hacia una posible anulación de la norma.
El decreto impugnado ha sido señalado por organizaciones sindicales como una medida que limita un derecho fundamental de los trabajadores, generando preocupación por posibles escenarios de persecución y debilitamiento de la organización sindical en el sector público.
Con esta decisión, el Ejecutivo queda bajo escrutinio judicial, mientras el proceso continúa con la presentación de pruebas, argumentos y posteriores deliberaciones por parte de la Sala Tercera.
El fallo final determinará si el Decreto Ejecutivo No. 11 se mantiene vigente o es declarado nulo, en un caso que ya marca un precedente en la lucha por la defensa del derecho a huelga en Panamá.
