Acciones burdas, tal como denuncia FRENADESO, metieron 97 veces la palabra solidaridad en 94 páginas del proyecto de ley de la CSS, y al final clavaron las cuentas individuales con el nombre de Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria
De que este es un gobierno empresarial no cabe ninguna duda. Según cifras oficiales, el registro de empresarios no llega a las 10.000 personas, de los cuales algunos son más pequeños negocios que empresas. Menos de 20 familias, unos 115 ultramillonarios, este es el sector al que representan.
En medio del dolor que embarga a familias producto del fallecimiento de familiares y la pérdida de enseres ante fenómenos atmosféricos, se presenta el proyecto de reformas a la seguridad social por parte del Gobierno.
Tal y como veníamos manifestando, el peso se hace recaer sobre los trabajadores, en la medida en que se desconoció la propuesta de la mayoría de las organizaciones sociales que participaron en la llamada “mesa de escucha” establecida por Mulino.
Un proyecto que cambia secciones, capítulos, títulos y artículos de la ley de la CSS, sin ser presentada previamente a quienes estuvieron en la mesa de escucha, evidencia que al Gobierno no le interesó propiciar un proceso real de diálogo, ya que en su lógica “el Gobierno manda, se equivoca y vuelve a mandar”, es decir, camina a la imposición de un proyecto que no contempla la urgente necesidad de garantizar salud y seguridad social como derecho.
Nuestra responsabilidad es con los trabajadores y con el pueblo, en esa vía desde Conusi iniciamos el proceso de análisis de la propuesta gubernamental, su comparación con la ley 51 de 2005, los puntos críticos y las contradicciones que se desprenden entre artículos reformados.
Entre los primeros hallazgos, resaltan dos enunciados en la exposición de motivos. El primero: “el cumplimiento de la misión de la CSS confronta problemas estructurales”, a pesar de este reconocimiento no existe en el proyecto medida alguna que ataque esta causa. Segundo argumento: “… la propuesta presentada es un proyecto de ley consensuado”. Ello es falso, en ninguna de las dos mesas se alcanzó consenso.
Nuevamente recae sobre los trabajadores el peso de las reformas, aumentan la edad de jubilación de mujeres y hombres (3 años más), en un mercado de inestabilidad laboral, donde hoy en promedio se cotizan 7 cuotas al año, pone en alto riesgo la posibilidad de alcanzar el derecho a pensionarse.
De manera disfrazada se impone la propuesta de pilares de la Conep, a pesar de que 10 de las 11 organizaciones presentes en la mesa de IVM plantea retornar al sistema solidario. Cuentas individuales es privatización, según la OIT, y es un experimento que fracasó a nivel internacional.
El pilar no contributivo se presenta como pensión básica universal “144 a los 65”. Este monto dice Chapman es cónsono con el “umbral de pobreza”, metodología que ha sido cuestionada por organismos internacionales, pues esconde pobreza. Lo cierto, el monto no permite cubrir siquiera el costo de la canasta de alimentos, mucho menos la canasta básica ampliada (alimentación y otros gastos necesarios). Lo cierto es lo que plantea Frenadeso: “144 balboas mensuales es el 24 % de lo que recibe el ministro del MEF por día cuando viaja al extranjero”.
No hay claridad en cuanto a cómo se van a mejorar los servicios médicos ni cómo se atenderá el desabastecimiento y altos precios de los medicamentos.
Acciones burdas, tal como denuncia Frenadeso, metieron 97 veces la palabra solidaridad en 94 páginas del proyecto de ley de la CSS y al final clavaron las cuentas individuales con el nombre de Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria. Cuentas individuales es privatización, según la OIT, y un experimento que fracasó a nivel internacional.
Finalmente, los gestores de las reformas de 2005 (Ley 51), después 20 años reconocen que impusieron las recetas neoliberales a la seguridad social, que el sistema mixto de pensiones (cuentas individuales) genera pensiones más bajas, Frenadeso lo demostró ese mismo año, pero Martín Torrijos prefirió imponer el “Pacto de Gamboa”. Señores Dino Mon y Felipe Chapman “su equivocación” la ha cargado el pueblo panameño.
La Asamblea será cómplice si impone este proyecto. Exigimos un debate público de cara al pueblo.