FRENADESO
LOS SUPUESTOS BENEFICIOS DEL LLAMADO “ACUERDO” DEL GOBIERNO DEL PRD CON MINERA PANAMÁ.
Antes que cualquier cosa hay que señalar que se le ha permitido
total impunidad a la empresa Minera Panamá, quien opera
ilegalmente desde hacer varios años, cuando la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato, después de 9
años de presentarse la demanda. Así de rápida es la justicia en
Panamá. No bastando con eso, tanto el gobierno de Varela como
el de Cortizo, se hicieron de la vista gorda y no fue hasta el 22 de
diciembre de 2021 (3 años después, lo que suma 11 años en total)
cuando se publicó en Gaceta Oficial. Fue burda la maniobra del poder
económico, que ignoró el fallo de la CSJ, que de por sí, ya era tardío.
La maniobra fue clara. Se trataba de no hacer ilegal (en la forma)
las operaciones de la empresa, aunque claramente, no solo era
ilegal, sino, además, inconstitucional. Esto evidencia a quién sirve
la Corte Suprema de Justicia, porque para nada les importó a los
magistrados que se ignorara su fallo. Los gobernantes de turno y el
poder económico de este país, está acostumbrado a burlarse así del
pueblo panameño, y a hacer uso de lo que ellos llaman “justicia”, para
su beneficio.
Ahora dicen, que han llegado a un “Acuerdo” con Minera Panamá
(First Quantum Minerals- (FQM), que, aparte de lo ridículo del
supuesto “ultimátum” que el gobierno dijo haberle dado a la empresa,
lo que contrasta con el haberle permitido funcionar ilegalmente por
años, en realidad no se saben las condiciones concretas de ese
acuerdo. Si el contrato anterior fue declarado inconstitucional,
entonces debe suscribirse otro contrato. Qué contiene este contrato?
El pueblo no lo sabe. Están dando cifras globales, sin precisar qué
significan los términos. El comunicado de la empresa habla de “un
aporte anual mínimo de 375 millones de balboas por parte de la mina
de Cobre Panamá”. El gobierno habla de “una contribución fiscal
mínima de 375 millones. ¿Qué se entiende por “aporte” (la empresa)
o “contribución fiscal” (gobierno)? La empresa no dice a qué se
refiere en cuanto a impuestos que pagará al gobierno central. Pero,
si hablaran de lo mismo, que no es seguro, pueden incluir todos los
impuestos pagados (municipios, cánones de arrendamiento de las
tierras, tasas y derechos que pagan, seguro social, seguro educativo,
riesgo profesional, de los trabajadores, el pago directo de extracción
de minerales a los municipios, etc.). No hay claridad qué incluyen
estos 375 millones, que hasta ahora es solo una especulación porque
no se sabe con certeza cuánto va a ser.
La regalía que estaba contemplada en el contrato que se declaró
inconstitucional, era el 2% de la “producción bruta negociable”, y esta
se definía como “la suma bruta recibida del comprador por razón de
la venta luego de deducirse, (…) todos los costos del transporte y el
seguro de la mina o del concentrado, incurridos en su traslado desde
la mina hasta la fundición o fábrica u otro lugar donde se lleve a cabo
su entrega definitiva al comprador…”.
Si el comprador es una refinería en los Estados Unidos y hay que
transportarle el concentrado de cobre hasta allá, entonces todo el
transporte, desde la mina (el mineroducto, por ejemplo, el puerto que
construyeron en Puerto Pilón, seguros, etc.) son restados, pero no
hablaba de restar los costos de producción del mineral; es decir, el
2% NO se refiere a la ganancia neta antes de impuestos, sino a los
ingresos brutos (ingresos por venta del mineral) menos el transporte,
seguros y trabajo de puerto. El 2% se aplica, así, a un monto superior
a que si se refiere al ingreso neto, que es al parecer a lo que habla el
supuesto “Acuerdo”. Por tanto, hablar del 12% al 16% de regalías, sin
saber qué aceptaron deducir para establecer la ganancia gravable, no
aporta nada. Nos deja en el limbo en la comprensión del problema.
Es burla, engaño.
En cuanto al impuesto sobre la renta, no es cierto que era cero; el
impuesto sobre la renta era el 30%: Martinelli lo redujo, en general, al
25%, tasa que ahora dice el gobierno que pagará la Minera. Aunque
el porcentaje es importante (30%, 25%, o cero), es igual, y hasta más
importante, saber qué se le permite deducir a la empresa para calcular
la renta gravable. El contrato declarado inconstitucional, permitía la
depreciación rápida de la inversión, que se esperaba recuperar en 5
años. Esto significaba que la empresa no pagaría impuestos sobre la
renta durante los primeros 10 años, aunque formalmente el porcentaje
era del 30%. Así que ahora, puede mantenerse esta situación por
lo que el supuesto aporte sería ficticio. Si no hay detalles de qué
se le ha permitido a la empresa deducir para establecer el impuesto
sobre la renta a pagar, todo lo que nos diga el gobierno es pura paja,
para legalizar una situación que no solo era ilegal sino además,
Al pueblo panameño
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inconstitucional.
Tampoco sabemos qué otras cosas el gobierno le ha entregado
a la empresa, incluyendo posible tierras adicionales para explorar y
explotar. Ya sabemos que se le creó el 20 de febrero de 2018, con los
votos de los diputados de todos los partidos tradicionales del pacto de
Gobernabilidad, el distrito minero (especial) Omar Torrijos en Donoso,
Colón. También se ha extendido el área para uso de la minería,
precisamente en estos distritos.
¿Cuánto va a ser lo que Panamá recibirá? Es incierto. Depende
de qué otras cosas contiene el contrato. ¿Qué incluyen estos 375
millones (aportes al municipio, tasas, derechos, regalías, ITBMS,
seguro social, seguro educativo, riesgos profesionales, de los
trabajadores, donaciones, becas, infraestructuras, etc.)? Y además
de esto, ¿cómo se hará la depreciación de la inversión, qué pasa con
el impuesto a los dividendos, los pagos de intereses al extranjero,
y otras transferencias? El cálculo que presentó la empresa en el
2006-2007 cuando presentó el Estudio de Impacto Ambiental y el
estudio de factibilidad, era que no pagaría impuestos sobre la renta
los primeros 10 años, porque las deducciones de la inversión que se
haría en 5 años, haría que la empresa presentara pérdidas, y sería
el Estado el que le debería a la empresa, con los llamados “créditos
fiscales”. ¿Cómo queda esto ahora? No se sabe. Lo cierto es que
si la empresa declara pérdidas contables, no hay manera de cobrarle
impuesto sobre la renta. Decir lo contrario es pura mentira.
Cuando se presentó el Estudio de Impacto Ambiental, la empresa
reconoció que las ganancias de la empresa representaban el 89% del
Producto Interno Bruto generado por los trabajadores, y el precio de
“equilibrio” de referencia del cobre para hacer esta estimación estaba
entre 1.30 y 1.50 la libra. Hoy día el precio se ha triplicado, a 4.44 la
libra, así como el precio de los otros productos de la mina, y aunque
se puede argumentar que los costos también han aumentado, cierto
es que las ganancias han aumentado en mayor proporción. Pero si se
ha dicho, por parte de la empresa, que este “Acuerdo” rige siempre
que el precio de la libra del cobre no baje de 2.75 dólares. ¿Cuánto
van a pagar si esto ocurre? ¿Nada? Absurdo. Pero, el precio del
cobre es uno de los más volátil. ¿Qué pasa si el precio del cobre baja
de este nivel pero los precios del oro, el molibdeno y la plata suben?
Llamar esto un “Acuerdo” ventajoso es engañoso. ¿Por qué se le
tiene que garantizar una ganancia a la empresa? Porque esto es lo
que se hace cuando se fija un límite para cobrar impuestos.
En el Estudio antes mencionado, los salarios apenas representaban
el 4.4%. El supuesto “acuerdo” nada ha dicho sobre los salarios de
los trabajadores, y sus condiciones de trabajo. Poco les importa.
Otros países tienen planes de retiro anticipado para los trabajadores,
por ejemplo. Aquí la empresa hace lo que se le antoja y el gobierno –
Ministerio de Trabajo, la respalda.
Pero, hay otro elemento que nos debe advertir de los engaños que
la empresa y el gobierno pretenden hacer. En el 2019, la empresa
publicó un estudio sobre sus proyecciones de ingresos y gastos. Allí
establecieron que en 34 años tendrían ingresos brutos por casi 77
mil millones de dólares, sin embargo, estimó los costos en 46 mil
millones, incluyendo el pago de las regalías, resultando ingresos de
flujo de caja por 31 mil millones. Pero esto no es la ganancia gravable.
Para establecerlo habría que conocer qué se le permite deducir a
la empresa, para establecer ésta ganancia. De esto nada se sabe.
Pero, ¿quién nos dice que en realidad los costos son 46 mil millones
que dice la empresa? Allí hay gastos generales, administrativos, etc.,
que son inflables por los dueños de la empresa.
Pero, también se les ha regalado el uso del agua, en un proyecto
que utiliza enormes cantidades del vital líquido. Tampoco se habla de
los impactos ambientales, incluyendo la afectación de las fuentes de
agua para las poblaciones y las subterráneas. Proyectos similares
en Chile, Argentina y Perú han mostrado que se presenta un conflicto
en el uso del agua para la población y para la operación de las
mineras, aparte de la contaminación de las fuentes de agua. ¿Qué
pasa con el Corredor Biológico Mesoamericano y su permanente
violación, la deforestación, la biodiversidad? Sobre el cierre de la
mina, responsabilidades en la eventualidad de cerrar las operaciones
y dejar el área contaminada? ¿A cuánto ascienden todas estas
pérdidas ambientales y los costos en salud de los pobladores, y cómo
se compensan estas pérdidas ambientales? ¿Cubren estas pérdidas
los ingresos que supuestamente recibirá el gobierno.?
El contrato original declarado inconstitucional por la CSJ tenía una
duración de 20 años y la empresa podía solicitar dos prórrogas de 20
años cada una. Ya han transcurrido 25 años. ¿Cómo quedarán estos
términos?
El contrato leonino declarado inconstitucional por la CSJ, fue
firmado en 1997 por la representante del Gobierno de PRD de Ernesto
Pérez Balladares, Nitzia Rodríguez de Villarreal, ministra de Comercio
e Industrias. Nitzia Rodríguez de Villarreal fue Sub Contralora de
Federico Humbert en el Gobierno de Juan Carlos Varela como parte
del llamado Pacto de Gobernabilidad. Hoy esta nombrada como
asistente administrativa en el ministerio de la Presidencia que preside
José Gabriel Carrizo, vicepresidente de Laurentino Cortizo. Toda la
oligarquía criolla, autollamada ahora “empresarios modernos”, han
favorecido la creación del ENCLAVE MINERO. Panamá vale más
sin minería. Se debe apoyar al productor del campo, desarrollar el
sector agropecuario en el área, con métodos agroecológicos, mejor
educación, salud, transporte, viviendas, y ello mejorará la calidad de
vida de los panameños.
Desde FRENADESO insistimos que estamos ante un Gobierno
minero y corrupto. Y reiteramos, por todo lo nocivo que representa
para la salud de los panameños, el ambiente y nuestra soberanía, ¡no
a la minería a cielo abierto y punto!
Todo ha sido una burla, engaño y traición al pueblo panameño.
Panamá, 18 de enero de 2021.
FRENADESO
FRENTE NACIONAL POR LA DEFENA DE
LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
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