El Informe 2026 de la Comisión de Expertos denuncia la “asfixia económica” y la criminalización de la protesta obrera en el país.
CIUDAD DE PANAMÁ. – En un contundente informe publicado este 2026, la Comisión de Expertos de la OIT ha puesto bajo la lupa al Gobierno de Panamá por graves violaciones a la libertad sindical y al Convenio núm. 87. El documento destaca la denuncia presentada por el SUNTRACS sobre el cierre de cuentas bancarias y la persecución judicial contra sus dirigentes, calificándolo como un intento de “asfixia económica” sin precedentes.
Criminalización de la lucha sindical bajo la lupa internacional
El informe de la OIT recoge con preocupación los alegatos sobre la criminalización de la actividad sindical en Panamá. La Comisión recordó al Estado panameño que el ejercicio de los derechos sindicales no debe ser motivo de detenciones ni de procesos judiciales que busquen amedrentar a la clase obrera.
”La detención de dirigentes sindicales por actividades relacionadas con la defensa de los trabajadores es una violación directa de los convenios internacionales suscritos por el país”, señala el documento.
Puntos clave del Informe OIT 2026 sobre Panamá:
Asfixia Económica: La OIT exige explicaciones sobre el congelamiento de fondos y cuotas sindicales del SUNTRACS, instando a garantizar la autonomía administrativa del sindicato.
Discriminación en el Sector Público: Se critica la restricción de “un solo sindicato por institución” y la lentitud deliberada en otorgar personerías jurídicas.
Extranjeros en Directivas: La Comisión insta a reformar la ley que prohíbe a trabajadores extranjeros ocupar cargos en juntas directivas sindicales.
Conflicto en el Canal de Panamá: Se mencionan más de 400 procesos por prácticas laborales desleales en la ACP.
Exigencia de Diálogo Social Real
La Comisión lamentó que las mesas tripartitas de diálogo no funcionen desde 2020. Ante esto, el informe es claro: Panamá debe reactivar el diálogo social y reformar su legislación laboral para cumplir con los estándares internacionales antes de la próxima revisión en 2027.
Para el SUNTRACS, este informe ratifica que la lucha en las calles tiene un respaldo legal y moral internacional, dejando en evidencia las políticas antisindicales que intentan frenar el avance de los trabajadores de la construcción.
