El mundo de Laurentino Cortizo es distante a la realidad nacional, vive en una especie de realidad paralela, donde lleva dos discursos de vida diferentes a la vez. Es una persona que tiene una determinada personalidad en su ejercicio de presidente del país, y en la vida cotidiana es totalmente antagónico.
En el tema del contrato minero, tal como consta en la presentación de diversos sectores que pasaron por la Asamblea Nacional, emitiendo distintos puntos que demuestran las afectaciones de la minería a cielo abierto en el plano ambiental, salud, patrimonio, es decir, a la vida, y donde se evidenció lo leonino en materia financiera (“el mejor contrato para la minera”) y la violación a la soberanía nacional, la tozudes del gobierno persiste. En estos puntos coincidieron, al margen de diferencias ideológicas y políticas, y de puntos de vista diferentes sobre la misma actividad minera, un importante grupo de panameños en forma individual y colectiva.
¿Qué ha sucedido? Tal como señaló Frenadeso, era evidente la jugada entre la Asamblea, el Ejecutivo y la transnacional minera, al suspender la discusión del proyecto en lugar de rechazarlo (Asamblea) o en lugar de retirarlo (Ejecutivo). Con ello se demostró además que el establecer la afectación en solo cuatro puntos era un acuerdo previo con la empresa minera y los intereses locales mineros. Reducir el rechazo a solo cuatro puntos por parte de la Asamblea es una burla a los panameños que participaron del primer debate y a los miles y miles que se manifestaron y lo siguen haciendo en las calles.
En definitiva, el problema continúa, el contrato sigue siendo leonino, los efectos negativos sobre la salud, el ambiente y la vida se mantienen. Es un contrato montado sobre la visión de enclave minero, con lo cual se sigue lesionando nuestra soberanía, los intereses nacionales y sociales. Por eso el pueblo sigue movilizando, los diversos sectores seguimos manifestando nuestro rechazo. Nito nunca escuchó.
Tal como emitiera el pronunciamiento de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, “No son solo cuatro temas, hemos identificado más de 130 puntos críticos del leonino contrato minero por los cuales los panameños lo rechazamos de manera contundente”. Los mismos van en el plano jurídico-político, económico-fiscal, socio-ambiental, socio-cultural, soberanía.
En su desesperación por tratar de justificar lo injustificable. el ministro del MICI, Federico Alfaro Boyd, justificó lo del contrato minero diciendo que por el rechazo del mismo o la no aprobación del mismo, las llamadas calificadoras habían planteado su preocupación sobre el futuro de Panamá. Es decir, no fue por los malos manejos contables de las finanzas públicas, ni por la corrupción galopante, ni la descomunal deuda adquirida por este Gobierno y que no se sabe cómo pagar en el futuro.
Lo que sí se evidencia es que el Estado panameño, con los recursos de quienes pagamos impuestos, pagó 6 millones de dólares a bufetes de abogados para que redactara un contrato que lesiona la soberanía y que es inconstitucional, tal como se demuestra al tener que incorporar en sus “correcciones” una cláusula sobre soberanía.
Inaceptable, que las autoridades nacionales, a los que les pagamos con nuestros impuestos, sigan defendiendo, a capa y espada, un contrato lesivo al interés nacional y social. La pregunta es ¿qué intereses defienden? O mejor dicho “los intereses de quienes”.
Lo cierto, la empresa sigue explotando y exportando minerales a pesar de no existir contrato, sacando la riqueza de nuestro país, pero el presidente parece no estar enterado.
El Gobierno y los diputados saben que el nuevo contrato ley y su parche también es inconstitucional, pero poco les importa. Conusi seguirá en la lucha demandando moratoria minera, real debate y que el pueblo en un referéndum en igualdad de condiciones decida.
Conusi-Frenadeso