“Como una bofetada más, el escándalo de las tierras a bajos precios otorgadas por Anati a diputados, práctica que no es nueva; desde las diversas administraciones de Gobiernos se han “vendido” hectáreas a 0.25 centavos y menos […]”
l pueblo está hastiado del divorcio entre la política pública de los Gobiernos y las necesidades materiales insatisfecha. Se supone que las políticas públicas conforman la intervención del Estado para dar respuesta a una situación problemática (económica, política, ambiental, social y cultural, entre otras) presente en la sociedad.
La realidad panameña demuestra la gran brecha, que sigue ampliándose, existente entre la retórica de un enfoque de derechos y su operacionalización en políticas concretas que favorezcan la vida digna. Las medidas neoliberales que se ejecutan en el país cada vez intentan desmantelar con mayor fuerza los derechos humanos, recortar la inversión social, lo que genera mayor inequidad social.
En los últimos días, en Panamá, se da cuenta de políticas públicas totalmente alejadas del marco de derechos. Una política pública alejada de necesidades básicas tan vitales como la alimentación y el acceso al agua potable. Las ansias de privatizar el agua hacen que los Gobiernos impongan procesos de tercerización, gestión ineficaz y negociados en la contratación de cisternas, de compra de agua embotellada (con altos precios en el mercado). Un Gobierno que es incapaz de hacer cumplir los acuerdos de la Mesa Única de Penonomé en materia del precio de la canasta de alimentos, los cuales siguen en una espiral alcista, a pesar de que los precios internacionales de los productos alimenticios caen, por 12 meses consecutivo, 20.5 % por debajo de su nivel máximo de marzo de 2022.
En el plano ambiental, sobresale la declaración de estado de emergencia ambiental en cerro Patacón por desastre ambiental en el relleno de cerro Patacón, ante el riesgo ambiental y para la salud por el mal manejo de los desechos sólidos heredado por la empresa Urbalia, S.A. Por su lado, “Panamá tiene casi el doble de contaminación en el aire de lo establecido por la OMS”. Igualmente, está el tema del contrato entre el Estado y la minera que viola la soberanía nacional e impacta negativamente la salud y el ambiente, pero el Gobierno se burla de la población con pantomimas de consulta y camina a su imposición. ¿Dónde están las autoridades de Salud, Ambiente y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario que han permitido la violación de los derechos en materia ambiental?
Mientras que el ministro del MEF dice que no hay recursos para atender problemas de infraestructura escolar, hospitalaria, calles y veredas, graves problemas sentidos por la población, y se recortan subsidios a las familias, la DGI ya reconoció 32.3 millones de dólares en créditos fiscales por incentivos turísticos (subsidios millonarios que benefician por el momento a dos proyectos), frente a ello, los magistrados de la Corte callan sobre las demandas de inconstitucionalidad. Es decir, se trata de un Gobierno que quita al pobre para dar al rico.
Como una bofetada más, el escándalo de las tierras a bajos precios otorgadas por Anati a diputados, práctica que no es nueva; desde las diversas administraciones de Gobiernos se han “vendido” hectáreas a 0.25 centavos y menos en áreas de playas, lagos, ríos, riberas del canal y donde se presume que puede existir actividad minera, favoreciendo a comentaristas deportivos, tíos de presidente, promotores turísticos, diputados, dueños de medios de comunicación, y otros tantos. Conducta recurrente ante la certeza de la impunidad que prevalece. La Cepal ha convocado a que las políticas públicas den pie a la construcción de sociedades inclusivas, más igualitarias y con pleno respeto de un marco de derechos, como garantía de desarrollo y reducción de la pobreza. Considera que existe todo un marco normativo que conllevan a que los derechos humanos, incluyendo los DESC, consagrados en tratados internacionales hacen parte del ordenamiento legal doméstico de los Estados parte. Este marco normativo constituye la base de la incorporación de un enfoque de derechos en las políticas públicas. Concluye la Cepal: “De esta forma, la incorporación de un enfoque de derechos en las políticas sociales no es una opción de política pública más, que los países pueden optar por dar cumplimiento, sino que es una obligación jurídica asumida a través de las propias constituciones, los tratados internacionales y las leyes nacionales”.