Se quiere condenar la edad adulta mayor a la pobreza. En Panamá, alrededor de medio millón de personas son adultas mayores. La proyección del contexto demográfico es de envejecimiento de la población. Sin embargo, el discurso de aumento de la esperanza de vida no es equitativo para todos, en la medida en que muchos padecen hambre y no logran resolver sus necesidades fundamentales de vida (alimentación, salud, acceso a agua potable, trabajo, vivienda digna, seguridad social, ambiente sano, recreación, etc.).
El Informe de la OIT establece que el 23 % de la población adulta mayor (rango de 55 y más años) no posee ni salario ni pensión (contributiva o no contributiva), la mayoría de ellos en pobreza. Por su parte la situación social de los pensionados es de precariedad: 44 % son pobres; 62.5 % reciben pensiones de B/. 500 mensuales o menos; alrededor de 16 360 pensionados cobran B/. 200 mensuales de pensión o menos; 80 % de los pensionados reciben menos que salario mínimo. Pero el futuro que quieren proyectar los grupos privatizadores (empresarios, Gobierno y partidocracia) es de miseria. Pretenden que se aumente la edad de jubilación (ocho años más a las mujeres y tres a los hombres, y de allí seguir aumentando hasta los 70); aumentar densidad, que significa cinco años más) y reducir la tasa básica de reemplazo (hoy es 60 % para el cálculo de la pensión, quieren que esté por debajo del 40 %); es decir, pensión de hambre. Esto es lo que ofrecen a una población que generó la riqueza del país.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), definió la Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030, principal estrategia dirigida al desarrollo de acciones para construir una sociedad para todas las edades, asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores; ofrecer atención integrada centrada en la persona y servicios de salud primaria que respondan a las personas mayores y brindar acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores que la necesitan. ¡Qué alejada está la política pública panameña de los derechos del adulto mayor”.
Por ejemplo, en la Caja de Seguro Social (CSS) el desabastecimiento de medicamentos es alarmante, sobre todo en el cuadro de las enfermedades crónicas, que padece el 40 % de la población. Igualmente, preocupante en el requerimiento de los adultos mayores, que no cuentan con los ingresos suficientes para hacer frente al alto costo de las medicinas. Es importante recordar que los jubilados y pensionados siguen cotizando al programa de Enfermedad y Maternidad de la CSS, luego de su retiro laboral.
En el mes de julio del año pasado, en el marco de la Mesa Única de Penonomé, quedó en evidencia la especulación y carácter oligopólico que predomina en la cadena de comercialización y distribución de los medicamentos, favoreciendo con ganancias extraordinarias a grandes cadenas empresariales, ante una actitud sumisa de los Gobiernos.
El supuesto “no hay, por sí hay”, pregonado por el vicepresidente Carrizo en el llamado MedicSol, no ha sido efectivo, son medidas paliativas inmediatista para aplacar el descontento social, sin animo de establecer una política real que garantice el abastecimiento de la CSS y provoque la reducción de los precios.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, señala que los Estados deben velar por “La seguridad física, económica y social”, así como garantizar el derecho a los “Servicios socio-sanitarios integrados: beneficios y prestaciones institucionales para responder a las necesidades de tipo sanitario y social de la persona mayor, con el objetivo de garantizar su dignidad y bienestar y promover su independencia y autonomía”.
¡Qué alejada está Panamá del precepto que señala: “Los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población”!