En 2019, hace 5 años, se dio a conocer la obra de un equipo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denominada “La Reversión de la Privatización de las Pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)”.
En dicha obra se habla de que 30 países, incluido Panamá en 2005 con las reformas del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), elaboradas por el actual director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, y el asesor presidencial, Roberto Brenes, y adoptadas por la administración de Martín Torrijos, optaron por abandonar el sistema solidario y establecer el de cuentas individuales, que para la OIT y para nosotros, es privatizar los fondos de los asegurados. Se creó así el llamado sistema mixto, de reparto definido y de cuentas individuales. Este cambio, según otro informe de la misma OIT sobre la CSS, liquidó el sistema solidario y creó la crisis al que nos abocamos hoy en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Se le cerró al programa solidario la llave para recibir nuevos fondos. A partir de 2008, hace 16 años, fue obligatorio el ingreso de los nuevos asegurados al llamado sistema de cuentas individuales, lo que impactó significativamente en el sistema de reparto definido o solidario.
Según el estudio de la OIT: “Hasta el año 2018, dieciocho países habían re-reformado, revirtiendo total o parcialmente la privatización de las pensiones. La gran mayoría de los países revirtieron la privatización luego de la crisis financiera mundial de 2007-2008, cuando los fallos del sistema privado se hicieron evidentes y tuvieron que ser corregidos”. Estos fueron los países que revirtieron:
- República Bolivariana de Venezuela (2000)
- Ecuador (2002),
- Nicaragua (2005),
- Bulgaria (2007),
- Argentina (2008),
- Eslovaquia (2008),
- Estonia, Letonia y Lituania (2009),
- Estado Plurinacional de Bolivia (2009),
- Hungría (2010),
- Croacia y Macedonia (2011),
- Polonia (2011),
- Federación de Rusia (2012),
- Kazajstán (2013),
- República Checa (2016) ,
- Rumania (2017).
Solo 9 países se han negado a revertir los procesos de privatización, entre ellos Panamá
A ese listado de países que revirtieron los procesos de privatización, hay que agregar los casos más recientes de El Salvador, México y Colombia, para un total de 21 de 30. Chile está en revisión. Es decir, solo 9 países mantienen este sistema de cuentas individuales. 9 países de 192. Solo el 4.6% , entre ellos Panamá, cuyo Gobierno y clase empresarial, actuando contra la historia, no solo mantiene el nocivo sistema de cuentas indivuduales, sino que insisten en el mismo.
Es decir, de 192 países que integran la OIT, solo 30 países participaron de este experimento que comenzó en 1981 en el Chile del dictador Pinochet. “Hasta el año 2018, dieciocho países habían re-reformado, revirtiendo total o parcialmente la privatización de las pensiones. La gran mayoría de los países revirtieron la privatización luego de la crisis financiera mundial de 2007-2008, cuando los fallos del sistema privado se hicieron evidentes y tuvieron que ser corregidos”.
“Considerando que el 60% de los países que habían privatizado los sistemas públicos de pensiones obligatorias han revertido la privatización, y teniendo en cuenta la evidencia acumulada de impactos negativos sociales y económicos, se puede afirmar que el experimento de la privatización ha fracasado”. Valga señalar, que a esos países que revirtieron parcial o totalmente la privatización de las pensiones, hay que agregar, como señalamos, los casos recientes de El Salvador, México y Colombia, por lo cual el porcentaje se eleva al 70%, solo 9 países siguen con las cuentas individuales como sistema predominante.
La privatización de las pensiones no dio los resultados esperados:
- Las tasas de cobertura se estancarn o disminuyeron.
- Los niveles de las pensiones se deterioraron.
- Se agravaron las desigualdades de género y de ingresos.
- El riesgo asociado a las fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó a los
- Individuos.
- Los costos administrativos se incrementaron, lo que resultó en menores niveles de prestaciones.
- Los altos costos de transición -a menudo infravalorados-crearon grandes presiones fiscales.
- Se suponía que la administración privada debía mejorar la gobernanza, pero, por el contrario, la debilitó.
- Se eliminó la participación de los trabajadores en la gestión.
- Además, la industria de seguros, quien en última instancia se beneficia de los ahorros previsionales, avanzó hacia la concentración.
Como contraparte el proceso de reversión se pudo lograr en un tiempo reducido y de inmediato se obervaron mejoras, tales como:
- Se incrementaron las pensiones.
- Crecieron los beneficios para los asegurados.
- Se aumentaron las coberturas.
- Se redujeron las desigualdades de género y de los ingresos ya que se era muy injusto para las mujeres, cuya inserción al mercado laboral es intemitente, por razones de discriminación, maternidad, atención del hogar, entre otros aspectos, costándole más alcanzar las cuotas para jpensionarse y llegar a la edad de jubilación.
- Mejoras claras y mensurables en cuanto a sus efectos positivos en la reducción de las presiones fiscales y de los costos administrativos.
Según el estudio de la OIT: “La privatización de las pensiones fue controvertida. La OIT manifestó su desacuerdo y objeción en numerosas declaraciones e informes (Gillion et al., 2000; Cichon, 1999 y 2004; Bonilla-García y Conte-Grand, 1998; Fultz, 2004), incluida una publicación conjunta de OIT-AISS (Beattie y McGillivray, 1995). La OIT hizo hincapié en la importancia de una consideración equilibrada de la suficiencia, la sostenibilidad financiera y la equidad de las pensiones. Para la OIT, los sistemas de pensiones deben guiarse en su esencia por el objetivo de proporcionar seguridad de ingresos en la vejez, al contrario del objetivo predominante del Banco Mundial de fomentar el crecimiento económico y reducir las presiones fiscales. La OIT se opuso en particular a confiar demasiado en las cuentas individuales de contribución definida y administración privada, los cuales inevitablemente trasladan los riesgos al individuo. También llamó la atención sobre la inmensa dificultad de que los países asuman los altos costos de transición entre un sistema a otro y la doble carga de suprimir o reducir los sistemas de reparto e introducir el nuevo pilar de cuentas individuales. La OIT destacó además que la buena gobernanza era un requisito tanto para los sistemas públicos como para los privados, y que la privatización no necesariamente mejoraría la calidad de la gobernanza. Además, la disminución sustancial en los niveles de beneficios a menudo se disfrazó y se impulsó a través de tales reformas estructurales”.
Es decir, para los empresarios y organismos financieros, se trata simplemente de un tema de rentabilidad, como obtener más ganancias para determinados grupos económicos. Para las organizaciones populares se trata de un tema social, de crear una sociedad más democrática, solidaria y verdaderamente humana, donde la seguridad social es un tema fundamental.
Concluye el informe de la OIT: “El fortalecimiento del seguro social de carácter público, junto con las pensiones solidarias no contributivas, tal como lo recomiendan los instrumentos normativos de la OIT, han mejorado la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones. La responsabilidad de los Estados de garantizar la seguridad de los ingresos en la vejez se logra mejor mediante el fortalecimiento de los sistemas públicos de pensiones”.
La OIT propone 11 pasos para la reversión de las privatización de las pensiones, que son ignorados por el Gobierno de Mulino, dado que su interés es fomentar aún más la privatizción. En el caso de Panamá no se está cumpliendo ninguna de ellas.
¿Por qué pese a que la mayoría de los países que, como Panamá, fueron conejillos de indias en un experimento que fracasó, aquí el Gobierno y la clase empresarial insisten en las cuentas individuales?
Entre las conclusiones de la OIT, el principal beneficiario de las Cuentas Individuales (privatización) fue el capital financiero. Y en el caso de Panamá este es insaciable y voraz. Los principales bancos y sus agencias administradoras de fondos de pensiones (AFP) están detrás de todo esto. Son los mismos grupos y apellidos oligárquicos de siempre, que también buscan reactivar la mina de Donoso, pese al fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el leonino contrato minero.
- AFP ProFuturo vinculada al Banco General
- AFP Progreso vinculada al Global Bank
- AFP Quantía vinculada MMG Bank (Morgan y Morgan)
- AFP Procrecer, vinculada a los bancos: Metro Bank, Unibank, Banco Aliado.
Estos grupos económicos, que se frotan las manos ante la propuesta gubernamental, tienen sus fichas dentro del Gobierno de Mulino, tales como: el ministro de Economía y Finanzas, Guillermo Chapman Arias, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, el viceministro de Comercio Exterior, Carlos Arturo Hoyos Boyd y los asesores presidenciales Alberto Vallarino Clément, Aníbal Galindo Navarro, Roberto Brenes y Alberto Alemán Zubieta, entre otros.
Ellos van por los 200 mil millones de dólares o más de las reservas de la CSS que proyecta la OIT para el año 2095. No les importa las jubilaciones.
La experiencia de otros países donde se aplicaron las cuentas individuales es que la pobreza aumentó en la tercera edad al rebajarse drásticamente las pensiones. Por ejemplo, hoy con el sistema solidario te jubilas con el 60% del promedio de los salarios de tus 10 mejores años. Por ejemplo, si son 600 balboas, te pensionas con 360 balboas. La propuesta de CONUSI, entre otras tantas que han sido debidamente sustentadas económicamente e ignoradas por el Gobierno, es que progresivamente esto vaya aumentando hasta llegar a la jubilación con el total de tu último salario, porque tus gastos van a ser mayores, sobre todo en una etapa de la vida en la que requieres más cuido, apoyo y atención.
En otros países el experimento fue terrible. En Chile, 15% de tu último salario, que con el ejemplo de 600 balboas que tomamos, serían solo 90 balboas. En Bolivia un poquito mejor, 120. Eso sería para la inmensa mayoría de los panameños, condenados a 120 a los 65.
Ejemplo de pensiones tomando como base 600 balboas de salario
| País | Porcentaje de tu último salario | Pensión |
| Panamá (Solidario) | 60% | 360 dólares |
| Chile (Cuentas individuales) | 15% | 90 dólares |
| Bolivia (Cuentas individuales) | 20% | 120 dólares |
Veamos el siguiente cuadro de la OIT
| Chile | La tasa de reemplazo proyectada a mediano plazo es del 15 por ciento, (y sólo del 3.8 % para los trabajadores de bajos ingresos). Esto está muy por debajo de las normas de la OIT y carece de un respaldo público importante. |
| Hungría | La tasa de reemplazo para las personas con 20 años de cotización se estimó entre un 9.8 y un 12.5 por ciento por debajo de los niveles previos a la reforma y en más |
| Kazajistán | La tasa de reemplazo cayó del 60 por ciento antes de la reforma al 29.27 porciento en 2013 después de la |
| Bolivia | Después de la reforma, la tasa de reemplazo llegó a un promedio del 20 por ciento del salario promedio ganado durante la vida laboral |
| Polonia | La tasa de reemplazo cayó de un promedio del 67 por ciento a menos del 40por ciento después de la privatización. |
La propuesta del CONEP y Dino Mon, es individualista, egoísta, sentencia a los panameños de las presentes y futuras generaciones a vivir una vejez en extrema pobreza. Cobrarás hasta cuando se terminen los fondos de tu cuenta individual. Esta propuesta no solo no es solidaria es inhumana. Es el “sálvese quien pueda”.
La propuesta de CONUSI es la que garantiza pensiones dignas de por vida para todos los panameños nacidos y por nacer. Eso solo se logra con solidaridad, mayores aportes del Estado, de los empresarios, unificando ambos sub sistemas como recomienda la OIT y con los cambios estructurales y de modelo económico que urgen desde hace rato.
Esta es la propuesta de CONUSI para que no haya medidas paramétricas (sin aumento de edad de jubilación, del monto de las cuotas y de la cantidad de cuotas necesarias para jubilarse) ni cuentas Individuales (privatización de los fondos)
Se mantiene 240 cuotas, edad de jubilación (57 años mujeres y 62 hombres) , aporte de 9.25 de los trabajadores al programa de IVM, cálculo de las pensiones en base a los mejores 5 años
- Unificar los 2 sistemas (mixto y solidario) en un solo sistema solidario de Reparto Definido y sus correspondientes reservas.
- 70% + 1.25% (Excedente de las 240 cuotas) Proceso progresivo de ajuste cada 5 años hasta alcanzar la jubilación del 100% del salario del mejor año a 2095.
Pensión de Vejez:
- Pensión Máxima según tasa de remplazo.
- Mínima dos (2) veces el Costo de la Canasta Familiar Alimenticia saludable del MINSA.
- El XIII mes no paga cuota.
- En el caso de la patronal, aumenta de 4.25 a 9.25% (es decir, lo mismo que aportan los trabajadores hoy). El patrón sigue aportando al XIII mes.
- La pensión mínima se aumentará inmediatamente después de aprobada la ley.
- Todas las pensiones serán aumentadas anualmente, según el costo de vida medido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Se exonera al jubilado-pensionado de pagos en concepto de seguridad social.
Pensión de Invalidez:
- Ajustada proporcionalmente a la pensión de vejez, existente actualmente.
- Pensión máxima según tasa de remplazo y ajustada proporcionalmente a la pensión de vejez, según proporción existente actualmente.
- Mínima dos (2) veces el Costo de la Canasta Familiar Alimenticia saludable del MINSA.
- La pensión mínima se aumentará inmediatamente después de aprobada la ley.
- Todas las pensiones serán aumentadas anualmente, según el costo de vida medido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Se exonera al jubilado-pensionado de pagos en concepto de seguridad social.
Pensión de Sobreviviente/Viudez
- Duración: Sin límite.
- 70% del causante de la pensión.
- Pensión máxima: Sin máxima.
- La pensión mínima se aumentará inmediatamente después de aprobada la ley.
- Todas las pensiones serán aumentadas anualmente, según el costo de vida medido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Se exonera al jubilado-pensionado de pagos en concepto de seguridad social.
Sustitución salarial sin asimetría (Dignidad y fomento al empleo)
- Reconoce la disparidad de género en el sistema actual.
- Propone medidas para mejorar los derechos de pensión de tanto de mujeres como de hombres, y, además, compensar los periodos de cuidados y promover la igualdad laboral y salarial.
Solución a la pobreza en edad adulta.
- Indexación de las pensiones anualmente de acuerdo con la inflación (IPC), para recuperar el poder de compra del dinero.
- Facilitar de forma expedita la afiliación de informales y que el Estado aporte la parte patronal para que estos obtengan pensiones contributivas y atención de salud; y que no reciban únicamente el Programa de 120 a los 65 que tiene montos muy bajos por debajo de la línea de la pobreza.
- Mejorar la distribución de la riqueza, atacando la desigualdad con salarios y pensiones dignas que aseguren al adulto mayor una fuente de ingresos para satisfacer sus necesidades básica y obtener un estado de bienestar. Desarrollar políticas que permitan que los sueldos y salarios aumenten su participación de 22.7% en 2023 a 30% en el 2034
- Promover políticas de empleo y de estabilidad laboral, con el propósito que los trabajadores aumenten sus cotizaciones de 7 cuotas al año, en promedio, a 10 cuotas, y reduciendo el nivel de desempleo de 7.4% en 2023 a 5% en 2095, de manera progresiva geométrica. Por tanto, se aumenta el empleo, se promueve estabilidad laboral para que haya más meses cotizados, y se aumentan los salarios promedios como resultado de la política de distribución del ingreso.
Sustento de la propuesta de CONUSI
Panamá, noviembre de 2024.
