Ciudad de Panamá. Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expone un panorama alarmante sobre la situación de los derechos sindicales en Panamá, señalando una campaña sistemática de represión contra el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS).
Criminalización y violencia contra sindicalistas
El documento recoge denuncias de organizaciones internacionales como la CSI, CSA e ICM, que acusan al Estado panameño de “criminalizar la protesta social” y de aplicar una política de persecución contra dirigentes sindicales. Según el informe, más de 1,800 personas fueron detenidas durante las huelgas docentes de 2025, mientras que se reportaron asesinatos y amenazas directas contra líderes de SUNTRACS.
“El Comité de Libertad Sindical insta al Gobierno a investigar de manera exhaustiva las muertes y actos de violencia contra sindicalistas, y a garantizar la protección de sus dirigentes”, señala el informe.
Cierre de cuentas bancarias: un golpe financiero
Uno de los episodios más graves ocurrió en noviembre de 2023, cuando se cerraron 18 cuentas bancarias pertenecientes al sindicato y a sus dirigentes. La medida, considerada por la Defensoría del Pueblo como una violación de derechos sindicales, dejó a la organización sin acceso a sus fondos. Aunque posteriormente se habilitaron cuentas en otro banco estatal, persisten restricciones: SUNTRACS no puede recibir transferencias internacionales, lo que limita su capacidad de acción.
Inacción legislativa y arbitraje obligatorio
La OIT también critica la falta de avances en la adecuación del Código de Trabajo a los convenios internacionales. Las comisiones tripartitas, creadas para discutir reformas, no funcionan desde 2020. El informe denuncia además el uso excesivo del arbitraje obligatorio, que en 2025 derivó en la destitución de 294 docentes tras una huelga, lo que la OIT considera una práctica que vulnera la libertad sindical.
Contexto político: ofensiva contra SUNTRACS
El informe sitúa estas medidas en un contexto de confrontación política. Señala que tanto el gobierno anterior de Laurentino Cortizo como el actual de José Raúl Mulino han mantenido una línea de hostigamiento contra el sindicato, vinculada a intereses mineros y financieros. La OIT advierte que esta ofensiva incluye políticas que afectan a otros sectores sociales, como la precarización laboral juvenil y medidas consideradas misóginas en el ámbito educativo.
Recomendaciones de la OIT
El Comité de Libertad Sindical exige al Estado panameño:
- Investigar los asesinatos y actos de violencia contra sindicalistas.
- Restituir plenamente la operatividad de las cuentas bancarias del SUNTRACS.
- Garantizar protección efectiva a los dirigentes sindicales.
- Reactivar las comisiones tripartitas y armonizar la legislación laboral con los convenios internacionales.