“En Panamá, el agua para uso humano ocupa el tercer lugar de prioridad”
GENARO LÓPEZ
Panamá es un país con suficiente recurso hídrico como para que ningún panameño carezca de agua, suficientes recursos económicos como para que todos los panameños contemos 7/24 con agua potable. ¿Por qué ello no es así?
No se trata solo de la falta de voluntad de los gobernantes ni de la incapacidad manifiesta de las autoridades. Se trata de la política económica neoliberal, que han seguido todos los Gobiernos desde 1979 y que se profundizó a partir de los noventas, que busca privatizar todas las determinantes que hacen la vida saludable, entre ellas el agua; filosofía que algunos empresarios han interiorizado en una profunda aporofobia a los pobres bajo la frase “tenemos el derecho humano al agua, perfecto, anda al río y búscala”.
Recordemos que bajo la administración de Ernesto Pérez Balladares, en pleno mes de diciembre, intentó imponer el proyecto privatizador, el pueblo en las calles logra derrotarlo. Bajo las siguientes administraciones de Gobierno se ha intentado imponer la privatización a través de la llamada Autoridad del Agua, lo que también ha sido rechazada por la población. A pesar del rechazo, todas las administraciones del Idaan han dado cabida a la tercerización (que constituye un mecanismo de privatización) de servicios prestados por la institución, lo que explica en parte la gran ineficacia prevalece en los mismos, teniendo claro que para los empresarios lo que importa son sus niveles de ganancias.
Otro factor, que profundiza el problema son los permisos a proyectos inmobiliarios que no garantizan las fuentes para proveer agua potable en las viviendas. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ha aprobado proyectos de vivienda en zonas donde la falta de agua es crítica. Mucho de ello en las llamadas barriadas de interés social.
A ello se suman la degradación ambiental que atenta contra el desarrollo sostenible. Se favorecen la tala indiscriminada, los proyectos mineros, la destrucción de los humedales y manglares, el cambio de los causes de los ríos; es decir, el negocio por encima de la vida. En Panamá, el agua para uso humano ocupa el tercer lugar de prioridad.
Los carros cisterna y el agua embotellada han reemplazado el servicio, se trata de todo un negociado, cuyo mayor precio lo carga el pueblo humilde y trabajador. Han convertido el agua en un lujo al que solo tendrán derecho los sectores del poder económico.
En febrero del 2021, el Gobierno anunció un plan por 225 millones de dólares financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), supuestamente para brindar asistencia técnica para mejorar la gestión y beneficiar a los habitantes del área metropolitana. Otro engaño y burla al pueblo.
Las quejas por la calidad no son el único problema de los que reciben el servicio, el suministro es, también irregular. Entre 2020-2021 se reportaron 99 648 quejas al 311 y en crecimiento durante el 2022 y 2023. Este maltrato sistemático es lo que ha dado pie a una población en las calles que clama por el vital líquido, es una población desesperada y humillada por los Gobiernos.
Qué alejado está el pueblo humilde y trabajador con estos Gobiernos, la partidocracia y seudoindependientes de cumplir el precepto universal de derechos humanos en el sentido de que “Los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad…”.
La tarea sigue siendo: organizarnos frente al atropello de la patronal y su Gobierno, para defender nuestro derecho a la vida digna, para garantizar un futuro de esperanza. Llamamos al pueblo a que sigamos la lucha para que se respeten nuestras conquistas y derechos.
Imágenes de residente de LA ARBOLEDA y barrios aledaños, protestando exigiendo el derecho al agua
