“El Gobierno, diputados y magistrados saben que el nuevo contrato ley también es inconstitucional, pero poco les importa la legalidad, porque están seguros de que la demanda interpuesta se fallará, como la primera vez, 20 años después”
al como denuncia Frenadeso, lo más peligroso del inconstitucional contrato minero es que atenta contra la soberanía nacional. Lo verdaderamente peligroso, es que este contrato leonino, que perfecciona el enclave colonial, pretende convertirse en el marco regulatorio para futuras concesiones, incluida cerro Colorado, y ya no sería el enclave de los 1432 km2 que fue la Zona del Canal, sino que sería casi la mitad del territorio nacional que ha sido pedido para concesiones mineras.
“Así de grave es la situación que nos ocupa y así de mafiosa, entreguista y vendepatria es esta oligarquía que también es accionaria del proyecto minero y que mueve los hilos del poder desde 1903 hasta nuestros días”.
Pretenden sustentar la campaña a favor del oprobioso contrato a partir de utilizar la vulgar mentira de que este contrato leonino y altamente peligroso para la Nación es para preservar puestos de trabajo.
En las cinco cláusulas de los aspectos laborales, que mantienen los temas de confrontación del pasado, taxativamente se establece que el Contrato prevalecerá por encima de las normas del Código de Trabajo, empleo de fuerza de trabajo extranjera por encima de lo establecido en el Código, las normas de migración para permanecer en el país se concederán de forma expedita para los extranjeros contratados. Las prerrogativas a la concesionaria se extienden a afiliadas, contratistas y subcontratistas. Dicen reconocer el principio de libertad sindical, sin embargo, el contrato no es taxativo en cuanto al derecho de negociación colectiva.
En materia de salud y seguridad ocupacional, debemos tener claro que las tareas en condiciones de trabajo desfavorables son parte de las características de la actividad minera, cuya multiplicidad de factores de riesgo presentes es inherente a la tecnología empleada, al tipo y métodos de trabajo, a su desarrollo y al tipo de explotación. En relación con el tipo de explotación en minería existen dos formas básicas: la del tipo subterráneo y la denominada a cielo abierto (caso de Panamá); la mayoría de los problemas que afectan a los trabajadores son similares para ambas formas de trabajo. El contrato no es explicito en esta materia, a pesar del alto riesgo ocupacional; tampoco expresa una proyección y responsabilidad de la empresa en torno al impacto negativo que genera esta actividad en la salud (en el marco del trabajo y luego del retiro de los obreros) y finanzas (presupuesto para atender las secuelas) de la población.
El rol del Mitradel está subordinado al enclave minero (a la multinacional), de gestar procesos conjuntos de supervisión en materia de formación. El lesivo contrato en materia de inspección del trabajo dice lo siguiente “… el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral podrá mantener en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé, la Dirección Regional Especial del Trabajo…”.
El problema no termina aquí, en materia de suspensión de operaciones, se le otorga un periodo de 48 meses (4 años) a la concesionaria durante los primeros 20 años y 4 años más durante los siguientes 20 años, sólo debe notificar al Estado y mantenerlo informado. ¿Qué sucede en estos 4 años? Con el crecimiento económico, con los supuestos ingresos al país, y con la fuerza de trabajo. En caso de que sea el Estado el que termine con el contrato, las cláusulas son directas “el Estado pagará a la concesionaria una compensación que se ajustará al valor justo de mercado de la concesión”.
Este tratado es peor que el Hay-Bunau Varilla, que ningún panameño firmó.
El Gobierno, diputados y magistrados saben que el nuevo contrato ley también es inconstitucional, pero poco les importa la legalidad, porque están seguros de que la demanda interpuesta se fallará, como la primera vez, 20 años después.
La consulta pública que anunció el titular del MICI…, no es vinculante y es una burla al pueblo. Supuestamente en la consulta de este mismo Gobierno del Pacto Bicentenario “Cerrando Brechas”, que se dijo era vinculante, ya el pueblo dijo: ¡No a la Minería a Cielo Abierto!
Conusi-Frenadeso.