El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) denuncia públicamente que, en recientes audiencias, los expedientes contra los dirigentes históricos Genaro López y Jaime Caballero fueron declarados como “causa compleja”, una decisión que no respondió a criterios técnicos reales, sino a una estrategia para prolongar la persecución judicial contra el movimiento sindical.
¿Qué significa una “causa compleja”?
El Código Procesal Penal establece que un caso puede ser declarado complejo cuando presenta características excepcionales: múltiples hechos, numerosos imputados, vínculos con criminalidad organizada, o la necesidad de peritajes especializados.
Sin embargo, en los procesos contra López y Caballero no existieron tales elementos. Aun así, la Fiscalía solicitó —y obtuvo— la ampliación de los plazos de investigación, permitiendo extender indebidamente las medidas restrictivas y mantener una narrativa de criminalidad sin sustento.
Esta declaratoria operó como una extensión artificial del proceso para sostener la persecución y debilitar políticamente a quienes han dedicado su vida a la defensa de los derechos de la clase trabajadora.
Un nuevo capítulo de lawfare en Panamá
Lo ocurrido no es un hecho aislado. Se enmarca en un patrón de judicialización de la protesta que busca criminalizar a las organizaciones que encabezaron la lucha social reciente y enfrentaron abiertamente los intereses de la minera y las políticas antipopulares.
El uso de la figura de “causa compleja” en estos casos confirma un mecanismo de lawfare por varias razones:
1. Dilación injustificada del proceso
Aunque la Fiscalía sostuvo inicialmente que tenía “todos los elementos” para sustentar sus acusaciones, al vencer los plazos solicitó más tiempo, demostrando la inconsistencia y debilidad del caso.
La declaratoria permitió extender por seis meses más la investigación, afectando directamente los derechos y libertades de los dirigentes.
2. Desgaste y presión política
La ampliación del proceso produjo un desgaste deliberado contra López y Caballero, sus familias y el SUNTRACS. La intención es clara: castigar la lucha social y enviar un mensaje intimidatorio a toda la organización sindical.
3. Criminalización de la dirigencia obrera
El uso de figuras penales diseñadas para el crimen organizado en procesos contra líderes sindicales, sin sustento real, confirma un abuso de poder orientado a deslegitimar a quienes representan a la clase trabajadora.
4. Un precedente peligroso
La instrumentalización del sistema judicial para perseguir dirigentes abre la puerta a futuras arbitrariedades contra cualquier actor social que cuestione al poder político-económico.
SUNTRACS alerta al país
La decisión tomada en las audiencias recientes representa un grave retroceso democrático y una amenaza directa a las libertades sindicales. Mientras los verdaderos responsables de corrupción caminan libres y gozan de impunidad, los dirigentes del pueblo enfrentan mecanismos judiciales manipulados para reprimirlos.
SUNTRACS reitera que la protesta social no es delito y que ninguna maniobra jurídica logrará doblegar la voluntad de lucha de la clase trabajadora panameña.
La organización continuará denunciando cada abuso y defendiendo a sus dirigentes frente a todo intento de persecución política disfrazada de legalidad.