Panamá, octubre de 2024 – La Defensoría del Pueblo ha emitido una resolución en la que respalda las denuncias del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) en torno a violaciones de derechos laborales, sindicales y constitucionales cometidas presuntamente por altos funcionarios del país. Este pronunciamiento ha sido recibido con contundencia por el secretario general del SUNTRACS, quien asegura que esta resolución confirma lo que el sindicato ha señalado desde el principio: un acto sistemático de persecución en su contra.
La resolución destaca las constantes violaciones a los derechos de libertad sindical consagrados en la Constitución Política de la República, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros convenios internacionales. El secretario general del SUNTRACS menciona que la supuesta “asociación ilícita para delinquir” estaría liderada por figuras destacadas del gobierno y la banca, entre ellos Juan Melillo, ex gerente de la Caja de Ahorros; Amauri Castillo, actual superintendente de Bancos; Laurentino Cortizo, expresidente de la República; y Gabriel Carrizo y Doris Zapata, quienes también estarían implicados.
“Por fin, una autoridad en este país ha dictaminado lo que el SUNTRACS denunció desde el primer momento: la persecución bancaria y el cierre injustificado de nuestras cuentas“, afirmó nuestro secretario general. Según el líder sindical, la Unidad de Análisis Financiero presentó un informe falso en enero de 2024 que motivó una investigación por presunto blanqueo de capitales contra el SUNTRACS. Aunque la investigación fue cerrada tras demostrarse la legalidad de los fondos del sindicato, el daño institucional y financiero fue significativo.
En su intervención, nuestro Secretario General enfatizó que la persecución no ha cesado. 18 cuentas del sindicato fueron cerradas y se les ha negado la apertura de nuevas cuentas bancarias, incluso a varios miembros de la directiva. Esta situación afecta no solo a los líderes sindicales, sino también a los empleados en nómina, quienes han sido excluidos del sistema bancario, impidiéndoles acceder a créditos personales y otros servicios.
El SUNTRACS vincula estos hechos a su activa participación en la defensa de la soberanía y la protección del medio ambiente, especialmente en la reciente lucha contra la minería. “Hemos sido claros en nuestra postura. Nos opusimos al contrato minero inconstitucional y lo enfrentamos en las calles. Este cierre de cuentas es parte de una represalia contra nuestro sindicato y contra el pueblo panameño que ya expresó su rechazo”, indicó el Secretario General.
Desde que se iniciaron los cierres de cuentas, el SUNTRACS ha emprendido acciones legales de carácter penal, administrativo y civil. Ahora, con el apoyo del pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, el sindicato asegura que continuará impulsando estas medidas hasta que se resuelvan las restricciones impuestas y se restablezca el acceso a servicios bancarios para el sindicato y sus miembros.
Además, el SUNTRACS agradeció el respaldo de organizaciones internacionales y de movimientos sociales panameños que se han solidarizado con la lucha sindical. La queja será presentada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras instancias internacionales.
“Esta lucha continuará hasta que el daño hecho al SUNTRACS sea reparado. Nos mantenemos firmes en nuestra convicción de defender a los trabajadores y la soberanía de este país”, concluyó el secretario general, recordando que esta batalla es por un Panamá más justo, libre. y digno para todos.
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