El pueblo viene exigiéndole a las autoridades varios pendientes alimentos, combustible, salud y educación y aunque han logrado algunos acuerdos, todavía falta mayor justicia social, por eso la lucha continua.
El gobierno de Cortizo en su accionar demuestra a quién responde. Una vez más se sienta con los dueños de Panamá, es decir, con los empresarios, no es la primera vez que lo hace, todas las medidas económicas que adopta pasan por el visto bueno de los 115 ultra millonarios del país.
Su conducta no es igual hacia los sectores populares. Cada acción de lucha que hemos emprendido es precisamente porque no se atienden las necesidades fundamentales de vida. Nos vimos abocados a la lucha, a las calles; ello obligó a abrir la mesa única de dialogo con los sectores populares.
Uno de los temas que exigía la población que fuera abordado era el costo de la canasta básica, que mantiene a más de medio millón de panameños acostándose sin comer y al 19.1% de los menores de cinco años en desnutrición.
¿Qué ha irritado a los empresarios? Decirles y demostrar ante el pueblo panameño las exorbitantes tasas de ganancia que obtienen; demostrar la tasa de evasión de impuestos de la patronal; demostrar como se justifica y garantiza una estructura oligopólica en la comercialización y distribución que generan un bajo precio al productor (micro, pequeño y mediano) y altos precios a los consumidores. ¿Qué ha irritado al gobierno? Demostrar ante la faz del país que el gobierno promueve y protege estas distorsiones del mercado y al poder económico. Es que este es un país de “primos” (gobierno-empresarios).
Y es que se puso el dedo en la llaga. Frente a la sociedad panameña planteamos que una de las causas de la profunda inequidad social que nos mantiene como uno de los países con peor distribución de la riqueza en el mundo, son los exorbitantes márgenes de ganancias que favorecen a los gamonales del agro, a los importadores y distribuidores de combustible y a la mafia de los medicamentos. Esta es la razón de los altos precios.
No ha sido una tarea fácil, ante un gobierno que a capa y espada defiende los intereses de la patronal.
¿Qué se ha logrado? Con la lucha en las calles se alcanzó identificar la cesta de alimentos como “Canasta Básica Saludable Familiar Ampliada”. Pasar de una pírrica canasta de 18 productos congelados que planteó el gobierno a 72 productos, incorporando alimentos sanos que atienden los requerimientos nutricionales con cobertura nacional. Además, se acordó que, a más tardar en 15 días, contados a partir de la firma del acuerdo se constituirá con representación de las partes firmantes una Comisión para elaborar una Canasta Básica Especial Saludable Ampliada, que contemple las necesidades alimenticias y otras necesidades básicas, aspiración que desde el año 2000 la Conusi ha planteado en la Comisión Nacional de Salario Mínimo.
Los productos presentados no afectarán la venta del micro, pequeño y mediano productor, en todo caso, el Gobierno resarcirá. Para elevar la producción nacional, se acordó reglamentar la Ley 279 del 2021 y su implementación, que permite al IMA importar insumos agropecuarios y fertilizantes agrícolas a bajo costo y que la distribución de estos insumos sea al costo de liquidación en aduana y será distribuido a través de asociaciones y cooperativas del sector, dando un trato preferencial y focalizado al micro, pequeño y mediano productor. Se establecerá una mesa de pago interinstitucional con el propósito de realizar pagos pendientes y cancelar las deudas en un plazo de 60 días hábiles. Se establecerá una comisión que buscará los mecanismos legales para incorporar al MIDA al mecanismo de pronto pago.
Por otro lado, durante los 30 días posteriores a la firma del presente acuerdo, se citará a los representantes de las organizaciones en dialogo único para la discusión de un proyecto de ley que reforme la Ley 45 de 2007, con el objeto de ampliar y fortalecer las facultades coercitivas de la Acodeco.
Dentro de la temática no se logró consenso en lo referente a establecer márgenes de utilidades máximos para los intermediarios (comercialización, distribución y canales de ventas).
No se ha logrado lo que es de justicia social, por eso la lucha continua.