La defensa jurídica del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) obtuvo una importante victoria judicial este jueves 14 de mayo, luego de que la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Yazmín Jaén, negara la solicitud del Ministerio Público para extender por un año adicional el término de investigación en la denominada causa compleja relacionada con el caso Red Frogs.
La investigación se sigue contra un dirigente sindical de 72 años y otras personas, a quienes se les atribuyen presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsificación de documentos, supuestamente en perjuicio de trabajadores del SUNTRACS.
La Fiscalía no logró justificar la prórroga
Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por el fiscal Octavio Nicolau, solicitó la ampliación del plazo argumentando que el expediente consta de 87 tomos y que aún estaban pendientes diversas diligencias, entre ellas entrevistas, análisis especializados de un servidor informático y otros informes financieros.
Sin embargo, tras escuchar a las partes, la jueza determinó que ninguno de los elementos presentados por la Fiscalía justificaba la extensión del término de investigación.
Entre los fundamentos de su decisión, la juzgadora señaló que:
Las entrevistas recopiladas, pese a su volumen, no demostraban una relevancia determinante para sustentar la solicitud.
El servidor informático analizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) fue declarado irrecuperable, sin que se acreditara la importancia del contenido que supuestamente albergaba.
El informe financiero presentado no explicaba con claridad la relación entre los hechos investigados y los delitos imputados.
Cuatro años de investigación sin resultados concluyentes
La jueza recordó que esta causa ya había sido declarada compleja el 21 de noviembre de 2025, cuando otro juez de garantías otorgó seis meses adicionales para continuar la investigación.
Asimismo, destacó que el proceso acumula tres años de investigación preliminar y un año de investigación formal, sumando un total de cuatro años sin que el Ministerio Público haya logrado presentar elementos sólidos que sustenten las graves acusaciones formuladas.
Ante esta situación, la jueza advirtió sobre la necesidad de revisar el vencimiento de los términos procesales establecidos por la ley.
Defensa del SUNTRACS sostiene que no existe delito
Durante la audiencia, los abogados defensores César Ruiloba, Rolando Rodríguez y Mario Prado representaron a los imputados. Dos de ellos se opusieron firmemente a la solicitud fiscal, mientras que otro manifestó que no tenía objeciones al considerar que el expediente terminará siendo archivado por inexistencia de delito.
Como querellante en representación de las supuestas víctimas participó el abogado Abel María Hernández Bultrón.
Al finalizar la audiencia, la jueza indicó al abogado César Ruiloba que podía solicitar ante la Oficina Judicial la revisión de la medida cautelar impuesta al dirigente sindical de 72 años.
Un nuevo revés para la persecución judicial contra dirigentes sindicales
La decisión judicial constituye un duro revés para la estrategia del Ministerio Público de prolongar indefinidamente una investigación que, después de cuatro años, no ha podido demostrar la existencia de delito ni establecer responsabilidades penales.
Para el SUNTRACS, este fallo confirma que la verdad y el derecho continúan abriéndose paso frente a un proceso marcado por acusaciones infundadas y por intentos reiterados de criminalizar la lucha sindical y a sus dirigentes.
La organización reafirma su confianza en la defensa jurídica y en la fortaleza de las pruebas que demuestran la legalidad y transparencia de su actuación, y reitera que continuará enfrentando este proceso con la convicción de que la justicia terminará imponiéndose.