Informe internacional confirma restricciones ilegales contra el principal sindicato de la construcción a días de un intento de disolución sin precedentes
A pocos días de la audiencia judicial que busca la disolución del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SUNTRACS), un contundente informe del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) coloca al Estado panameño bajo escrutinio internacional. Se trata del Caso núm. 3456, presentado por CONUSI, SUNTRACS y la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), cuyas conclusiones y recomendaciones —contenidas a partir de las páginas 81, 91 y 94 del informe— revelan una serie de acciones que comprometen gravemente la libertad sindical en Panamá.
Un caso de carácter “grave y urgente”
Desde el inicio, el Comité de la OIT no deja margen de duda: califica el caso como de carácter grave y urgente, al involucrar denuncias de: asesinatos de manifestantes, detenciones arbitrarias, intimidación contra dirigentes sindicales, y el cierre de cuentas bancarias del SUNTRACS como represalia por protestas sociales
413.er informe del Comité de Libertad Sindical. Este conjunto de hechos configura un patrón que trasciende lo administrativo y se ubica en el terreno de las garantías fundamentales de organización y acción sindical.
El cierre de cuentas: sin base legal ni decisión judicial
Uno de los elementos más contundentes del informe se encuentra en el análisis del cierre de las cuentas bancarias del SUNTRACS y su cooperativa.
El Comité concluye que:
Las cuentas del sindicato y su cooperativa continúan cerradas en múltiples bancos
No existe decisión judicial ni de autoridad supervisora que justifique estas medidas
Tampoco hay base legal clara que sustente el cierre.
La investigación por presunto blanqueo de capitales fue archivada desde agosto de 2024. A pesar de ello, el sindicato sigue sin acceso a sus recursos. Para la OIT, esto es claro:
Restringir el acceso a fondos sindicales sin garantías legales viola directamente la libertad sindical, ya que impide el funcionamiento normal de la organización.
Un patrón de restricciones contra el sindicato
El informe va más allá del tema financiero y describe un contexto más amplio:
allanamientos a sedes sindicales, procesos penales contra dirigentes,
detenciones masivas de trabajadores, suspensión de acceso a fondos, y acciones administrativas contra la cooperativa.
El propio Comité reconoce que, desde 2023, el SUNTRACS ha sido objeto de:
“restricciones significativas y crecientes de sus capacidades de acción”, sin que existan condenas judiciales que las justifiquen.
La OIT exige restablecer el acceso a los fondos
En sus recomendaciones oficiales (pág. 94 en adelante), el Comité es directo:
Se deben tomar medidas inmediatas para garantizar que SUNTRACS tenga acceso a sus cuentas
Las denuncias ante la Superintendencia de Bancos deben resolverse con urgencia
El sindicato debe poder disponer libremente de sus recursos para ejercer sus funciones
Además, la OIT recalca un principio clave:
Cualquier restricción a fondos sindicales debe basarse en procedimientos imparciales, objetivos y bajo control judicial, no en decisiones arbitrarias.
Advertencia internacional frente al intento de disolución
En un punto crucial, el Comité recuerda que:
Aun si existieran faltas individuales, estas no pueden justificar la disolución de toda una organización sindical.
Y añade que el Gobierno debe garantizar que el SUNTRACS pueda seguir funcionando plenamente mientras se desarrollan los procesos judiciales.
Un fallo que marca el contexto del proceso judicial
Este informe no es un documento aislado. Llega en un momento crítico:
– Con cuentas cerradas
– Con dirigentes perseguidos
Y ahora con un proceso judicial que busca la disolución del sindicato. En ese contexto, la OIT establece un marco claro:
No puede hablarse de un proceso justo mientras el sindicato esté limitado en su funcionamiento y sin acceso a sus recursos.
Conclusión: la libertad sindical en el centro del debate nacional
El Caso 3456 de la OIT coloca a Panamá ante una realidad ineludible:
Las restricciones contra SUNTRACS no están sustentadas en decisiones judiciales
El cierre de cuentas vulnera derechos fundamentales
Y el Estado tiene la obligación internacional de corregir estas violaciones
A días de una audiencia histórica, el informe internacional se convierte en un elemento clave:
No solo se juzga a un sindicato, sino el respeto a la libertad sindical en Panamá.
